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La Ley de Memoria Histórica, del 2007, nacida con la vocación de reconocer derechos y establecer medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y el franquismo, recuperar y dignificar su memoria, no da satisfacción a los requisitos que conforman los programas de justicia de transición de las dictaduras a las democracias: la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Se ha negado el derecho a la investigación de hechos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, el derecho a la información y a conocer el paradero de los desaparecidos. La Ley de Amnistía de 1977 no permite iniciativas legislativas ni judiciales para superar la impunidad. Se ha establecido un modelo de privatización de las exhumaciones que delega la responsabilidad a víctimas y asociaciones, no existe un censo de víctimas, se restringe el acceso a documentos, y se elude la remoción de símbolos franquistas.

 Entre el 2006 y 2008 se presentaron denuncias en la Audiencia Nacional, contabilizando hasta 114.000 víctimas de crímenes de derecho internacional. El Tribunal Supremo dictaminó en 2012 que los hechos denunciados no podían ser objeto de investigación penal y se cerró la posibilidad de investigar judicialmente estos delitos en España. En 2010 la justicia argentina se declaró competente para investigar  estos crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y Amnistía Internacional presentó en informe ‘Casos cerrados, heridas abiertas’. Las autoridades españolas siguen sin colaborar con la investigación argentina, negando la posibilidad de que la jueza Servini tome declaración a víctimas o rechazando extraditar a personas presuntamente responsables.

Amnistía Internacional insta a las autoridades españolas, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales, a colaborar con la justicia argentina, a averiguar el paradero de las personas desaparecidas, investigar y procesar a los responsables en un juicio justo, legislar para incorporar la convención internacional a la legislación nacional. Los supervivientes y sus familias deben obtener justicia y reparación, según la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Amnistia Internacional dedica la octava edición de los MARTES NEGROS a los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista i, como siempre, lo hace a través de la lectura de algunas novelas escogidas y de las conversaciones y comentarios con los autores o autoras de estas novelas.

AZUL MARINO: Rosa Ribas y Sabine Hotmann

(6 de marzo )

Con una prosa fluida que atrapa en su lectura desde el primer momento, esta novela escrita a cuatro manos y publicada por Siruela Policiaca en 2016 describe la situación que se vive en España durante la Dictadura franquista. Ante nuestros ojos pasan situaciones que por muy conocidas no dejan de sobrecogernos: los abusos de poder y actos de violencia de las fuerzas de seguridad, las desapariciones forzadas, los actos delictivos asociados a los intereses de los poderosos, asociaciones de caridad que son tapaderas de la corrupción y  la terrible situación de las mujeres y los niños y niñas.

En una Barcelona que inicia la década de los 60, un marinero norteamericano es asesinado en el Barrio Chino y un policía nacional y una joven periodista de la revista «El Caso» deben unirse para investigar este suceso. Las autoras aprovechan para pintar un fresco social de la España franquista.